El problema de la vivienda no es una cuestión estrictamente monetaria o gubernamental. Solemos enfocarnos en cómo las cúpulas de poder nos asfixian, pero rara vez analizamos la responsabilidad individual que aceptamos como normal. Existe una complicidad silenciosa en la microeconomía del ciudadano promedio que merece ser diseccionada.
La microeconomía del egoísmo
Cuando un pariente o nosotros mismos poseemos una propiedad, la lógica cambia. El discurso se transforma en un derecho absoluto: es mi propiedad y puedo imponer el precio que quiera, dictar requisitos arbitrarios o prohibir mascotas sin mayor criterio que el capricho personal. La respuesta ante la queja es casi siempre la misma: si no te gusta, no rentes ni compres. Esta postura no nace de un decreto oficial ni de la inflación global; nace de una mentalidad colectiva que prioriza el enriquecimiento rápido y seguro por encima de cualquier asomo de empatía social. En el mercado inmobiliario, la comunidad ha dejado de existir para dar paso únicamente al activo financiero.
Por supuesto, existe un nivel macro que es innegable. Nos enfrentamos a carteles inmobiliarios y a un conflicto de intereses estructural en el gobierno. En un sistema donde los mismos que legislan son, en muchas ocasiones, los dueños de esas propiedades con precios desfasados, el control se vuelve una simulación. Sin embargo, no podemos ignorar que esas grandes estructuras de poder se alimentan de nuestra validación cotidiana. El gran especulador solo perfecciona lo que el pequeño oportunista practica en su propia escala.
Expulsión y el derecho prescindible
Las consecuencias de este desfase afectan directamente la seguridad que tanto exigimos como sociedad. Estamos expulsando a las personas de sus barrios históricos, empujándolas a la periferia o, en el peor de los casos, dejándolas sin techo, para luego pedirles que no se dediquen a un enriquecimiento ilícito. Es una petición carente de coherencia. No tiene sentido intentar mantener el orden social cuando el sistema ha decidido que tu derecho a habitar es prescindible frente al margen de utilidad de otro.
Para notar lo desfasado que está el mercado, basta mirar la media de los salarios. Si una persona se encuentra dentro del treinta por ciento de los mejores pagados del país, ni siquiera así puede aspirar a vivir en el treinta por ciento de las zonas con mejor infraestructura o servicios. El tope salarial no alcanza para cubrir el tope habitacional. No se trata de una utopía donde las viviendas se regalan, sino de señalar un desequilibrio abismal que fractura la estabilidad de todos.
La factura de la irresponsabilidad
No se trata de eximir a los grandes dispositivos de poder ni a los ejecutores de la especulación masiva, sino de reconocer que no podemos exigir una ética sistémica mientras sigamos replicando la misma micro-avaricia en nuestra parcela de control. ¿Qué tanto egoísmo social puede soportar una estructura antes de que nuestra propia falta de empatía se convierta en el permiso que los de arriba necesitan para terminar de asfixiarnos? El colapso no vendrá a incomodarnos; vendrá a pasarnos la factura de una irresponsabilidad compartida que hoy preferimos no admitir.